Ramón Muñoz me cita en su artículo en El País titulado "¿Ciberactivistas o ciberdelincuentes?" (ver en pdf), en el que recoge las dos corrientes de opinión existentes en la red al hilo de los ataques de denegación de servicio desarrollados por Anonymous a una serie de páginas que lograron el más que dudoso honor de poner de acuerdo en sus protestas a varios miles de internautas de todo el mundo.
Me reafirmo plenamente en la opinión que di en su momento tanto en esta página como en el diario Público o en Expansión: los ataques de denegación de servicio organizados de manera genuina, es decir, con ciudadanos de carne y hueso que intentan entrar a la vez en una página determinada, son un método de protesta completamente legítimo. El hecho de que ahora no sean delito y dentro de unas semanas vayan a pasar a serlo no es más que una estupidez irrelevante: no hay cosa que más desacredite a un Estado que promulgar leyes cuyo cumplimiento es imposible, y capturar a los cientos o miles de ciudadanos, muchos de ellos fuera de nuestras fronteras, que se ponen de acuerdo para lanzar un ataque de denegación de servicio como protesta organizada es completamente inviable. En caso de convertirse en delito, la siguiente generación de herramientas que se distribuyan para este tipo de ataques incluirán metodologías de ofuscación de la dirección IP. Y en cualquier caso, si es delito, sigue siendo una estupidez. La mayoría de los métodos de protesta conocido actualmente fueron delito las primeras veces que se pusieron en práctica, pero su persecución resultó imposible o impracticable. Miles de ciudadanos entrando a la vez en una página web es una perfecta manera de protestar.
Las voces discordantes que apelan a la libertad de expresión están siendo, sencillamente, timoratos digitales. No entender que la defensa de un derecho determinado puede justificar el que una página esté caída durante horas es querer ser más papista que el papa, negarse absurdamente a luchar y plantear unos daños colaterales prácticamente inexistentes. Mucho menos hay que plantearse que la imagen pública de cierta sociedad de gestión haya "mejorado" lo más mínimo por culpa del ataque, o que los hayamos convertido en "víctimas": mira, no. No ha ocurrido. Eran la entidad más odiada de este país, lo siguen siendo, y lo seguirán siendo aunque se tumbe su web mil veces. En un ataque de denegación de servicio como los planteados no existen daños reales más allá de un perjuicio de imagen, uno económico o una leve incomodidad que se soluciona en breve. Nada comparado con lo que está al otro lado de la ecuación. Por supuesto que se originan molestias, pero es que sin originar molestias de algún tipo, es imposible protestar. Aspirar a que toda protesta respete estrictamente las normas de convivencia y haya que organizarla pidiéndolo previamente por favor es, simplemente, no entender el concepto de defensa de unos derechos. Y es precisamente esa actitud timorata la que permite a Ramón Muñoz escribir un artículo como éste, en el que presenta a una comunidad internauta dividida en torno al tema, carente de unidad y de criterio.
Dejémonos de medias tintas y de cogérnosla con papel de fumar, y defendámonos contra las agresiones como tenemos que defendernos: jugando en casa. Los ataques de denegación de servicio son una forma de protesta perfectamente razonable y con un planteamiento muy proporcionado. No hay violencia, no hay apenas daños colaterales, se limita la protesta al protagonista de la misma… es como una sentada pacífica, pero en versión digital. Lo normal será, además, que este tipo de métodos de protesta adopten una naturaleza global: que sean precisamente internautas de otros países los que participen en protestas en un país determinado, para cortocircuitar así leyes absurdas que pretendan perseguir lo que no puede ser perseguido. Como se pretendieron perseguir muchas otras cosas en la historia de la defensa de los derechos civiles, y como se pretenderán perseguir muchas más: infructuosamente.
Aceptemos la realidad: aquí no hay perversos delincuentes, ni adolescentes ociosos, ni piratas informáticos… aquí hay ciudadanos normales y corrientes defendiendo sus derechos. Como debe hacerse siempre que son amenazados, o serán sistemáticamente pisoteados una y otra vez. Menos papel de fumar, menos timoratos digitales, y más aprender a ejercitar dignamente la defensa de nuestros derechos.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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