RIM es una empresa muy peculiar: nacida y crecida para ofrecer productos y servicios a clientes corporativos, la compañía mantiene todavía una fortísima cultura de orientación hacia las necesidades de las empresas y de sus responsables de IT, a pesar de su gran desarrollo dentro del mercado de consumo. Los principales clientes de RIM son grandes empresas y corporaciones que valoran enormemente cuestiones como la seguridad, y esta seguridad se mantiene, entre otras cosas, gracias a un sistema que cifra todo el tráfico y lo canaliza a servidores específicos situados fuera del alcance de los gobiernos, a través de un sistema de cifrado de 256 bits controlado por la propia RIM que, según afirma la compañía, impide la monitorización de cualquier entidad externa o incluso por parte de la propia RIM. Desde China, por ejemplo, resulta perfectamente posible acceder a cualquier página web, incluyendo aquellas que transgreden claramente las normas de la censura gubernamental, si se hace a través de un terminal Blackberry.
¿Qué pretenden los países protagonistas de la prohibición? Eufemísticamente, afirman pretender "una solución compatible con las leyes locales". Es decir, el establecimiento de un servidor proxy dentro del país, abierto a la monitorización gubernamental. La excusa es la de siempre: el supuesto temor a un uso de la red para la transmisión de mensajes vinculados al terrorismo o al desarrollo de movimientos insurgentes. En el fondo, hablamos de la clara violación de uno de los derechos humanos, la confidencialidad de las comunicaciones, en países en los que tradicionalmente el respeto a esos derechos humanos pocas veces ha recibido una prioridad demasiado elevada.
RIM cuenta con medio millón de usuarios en los Emiratos Árabes y unos cuatrocientos mil en Arabia Saudí, pero la decisión que tome con respecto a este tema va, en realidad, mucho más allá. Además de determinar las futuras relaciones de la empresa con otros estados con políticas similares, determina, por ejemplo, el nivel de seguridad al que estarían sujetas las comunicaciones corporativas cuando un usuario se desplaza a estos países. La seguridad de la plataforma fue determinante, por ejemplo, a la hora de decidir que el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pudiese mantener su BlackBerry en funcionamiento tras ser elegido: ¿imaginamos un escenario en el que sus comunicaciones a través de la plataforma estuviesen comprometidas cuando viaja a determinados países? Las empresas no solo pagan por un terminal: pagan por un nivel de cifrado determinado y una seguridad que supera las pruebas más rigurosas. Empezar a abrir la plataforma a las ansias de control de gobiernos poco respetuosos con los derechos humanos supone, a todas luces, un problema de seguridad. Pero renunciar al desarrollo en esos países, muchos de ellos importantes o emergentes, también supone un problema de viabilidad para una empresa como RIM, a la que muchos dan consejos para mantener su actual relevancia dentro del mercado. Y por supuesto, plantea dudas que van más allá: ¿está realmente la plataforma completamente a salvo de la monitorización gubernamental en países como los Estados Unidos, que han desarrollado importantes esfuerzos por la monitorización de las actividades de sus ciudadanos para evitar la amenaza del terrorismo? ¿Que ha pasado en India, donde los problemas de este tipo provienen originalmente del año 2008? ¿Y qué pasa si se utilizan otros terminales y servicios de otras compañías?
Una vez más, el viejo dilema de la privacidad frente a la seguridad. ¿Es razonable un mundo en el que todo lo que transmitimos a través de nuestras comunicaciones está sujeto a monitorización gubernamental por si acaso somos malos?
ACTUALIZACIÓN: RIM ya ha contestado al gobierno de los Emiratos Árabes, aclarando que operan bajo sistemas de clave simétrica en la que el cliente crea su clave, de la que solo él tiene copia, y que nadie, ni siquiera RIM, puede acceder a sus datos, dado que no existe ninguna "clave maestra" ni puerta trasera de ningún tipo en el sistema. En su respuesta, RIM deja claro que bajo ningún concepto comprometerá la integridad y la seguridad de sus soluciones corporativas, que el uso de sistemas de cifrado robustos es habitual en todos los sistemas de correo inalámbrico corporativos, y que los gobiernos deberían ser capaces de satisfacer sus necesidades de seguridad y el cumplimiento de las leyes sin necesidad de comprometer los requerimientos de seguridad de las actividades comerciales.
Saludos,
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